Matanza de Chihuío
El 9 de octubre de 1973, en los primeros meses de la dictadura cívico-militar en Chile, una caravana militar dirigida por el comandante Santiago Sinclair, del Regimiento de Caballería N°2 "Cazadores" de Valdivia, perpetró uno de los crímenes más brutales del sur de Chile: la Masacre de Chihuío.
Un convoy militar, compuesto por un gran contingente de soldados y vehículos, recorrió las localidades de Futrono, Llifén, Curriñe, Arquilhue y Chabranco, deteniendo a trabajadores del Complejo Maderero Panguipulli, muchos de ellos miembros del Sindicato Campesino Esperanza del Obrero.
La misión, parte de la llamada Operación Leopardo, estaba enfocada en eliminar una supuesta guerrilla rural que estaba en la zona.
Los prisioneros, detenidos de sus hogares y lugares de trabajo, fueron llevados al sector de Baños de Chihuío. Allí, en una casa patronal, fueron torturados y luego ejecutados a corta distancia de la vivienda. Entre los asesinados se encontraba Fernando Mora Gutiérrez, un joven de tan solo 17 años, quien fue detenido junto a su padre tras intentar ayudar a desatascar uno de los camiones militares que transportaba prisioneros.
Los 17 trabajadores asesinados fueron:
Luis Ferrada Sandoval (42)
Eliecer Freire Caamaño (20)
Narciso García Cancino (31)
Daniel Méndez Méndez (42)
Juan González Delgado (31)
Carlos Acuña Inostroza (46)
José Barriga Soto (32)
José Cortés Díaz (35)
Neftalí Durán Zúñiga (22)
Ricardo Ruíz Rodríguez (24)
Carlos Salinas Flores (21)
Manuel Sepúlveda Rebolledo (28)
Rubén Vargas Quezada (56)
Rosendo Rebolledo Méndez (40)
Pedro Pedreros Ferreira (48)
Sebastián Mora (47)
Fernando Mora Gutiérrez (17)
Tras las ejecuciones, los cuerpos de las víctimas fueron cubiertos con ramas y troncos, y abandonados en el lugar. Aproximadamente cinco años después, entre 1978 y 1979, en el marco de la operación "Retiro de Televisores", los cuerpos fueron desenterrados y hechos desaparecer por civiles bajo las órdenes del Ejército. Esta operación buscaba eliminar las pruebas de los crímenes cometidos por la dictadura. Hasta la fecha, muchos de los restos aún no han sido encontrados.
Años después, el Informe Rettig documentó que los cuerpos presentaban signos de tortura, incluyendo cortes en las manos, mutilaciones y algunos degollamientos. A pesar de la brutalidad del crimen, los responsables han negado su participación, lo que ha demorado la justicia. Solo recientemente, en 2017, los restos de algunas víctimas, como Rubén Vargas y Fernando Mora, fueron identificados y entregados a sus familias.
Durante la década de los 90’, la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU) realizó una serie grabaciones a testigos y familiares de las víctimas donde precisamente registraron lo que ocurrió en las localidades del sur de Chile.
Estas grabaciones pertenecen al Archivo Sonoro del Museo y pueden ser solicitadas para su revisión en nuestro Centro de Documentación de martes a viernes de 10:00 a 17:30 horas.
